El Departamento de Justicia dice no al rastreo de teléfonos celulares sin una orden judicial.
La capacidad de los agentes del orden para localizar y vigilar a los sospechosos se ha expandido exponencialmente en los últimos años gracias a ciertos avances tecnológicos.
A modo de ejemplo, consideremos las herramientas de rastreo de teléfonos móviles que están fácilmente disponibles para las fuerzas del orden federales, estatales e incluso locales, como el controvertido Stingray, un dispositivo que ha generado preocupación y condena por parte de los defensores de la privacidad.
Para quienes no estén familiarizados con esta tecnología, básicamente permite suplantar la identidad de una torre de telefonía móvil, lo que significa que establece conexiones con todos los teléfonos móviles que se encuentren dentro de su alcance, siempre y cuando estos dispositivos busquen automáticamente una señal.
Una vez que estos dispositivos se conectan al Stingray, transmiten información sobre la intensidad y la dirección de su señal, que las fuerzas del orden pueden utilizar no solo para aislar un único dispositivo, sino también para determinar su ubicación.
Quizás lo más sorprendente de todo sea que esta tecnología se utiliza casi exclusivamente sin ningún tipo de orden judicial.
Si bien el Departamento de Justicia sostiene que los dispositivos Stingray son incapaces de recopilar coordenadas GPS, interceptar comunicaciones o acceder a datos almacenados, los defensores de la privacidad siguen mostrándose escépticos.
De hecho, este escepticismo tiene sentido si se tiene en cuenta que el Departamento de Justicia ha mantenido durante mucho tiempo un secretismo increíble sobre el Stingray, llegando incluso a instar a las fuerzas del orden estatales y locales a guardar silencio sobre el uso que hacen de esta tecnología.
Sin embargo, en novedades recientes, el Departamento de Justicia ha anunciado que ya no utilizará tecnología de rastreo de teléfonos móviles sin obtener previamente una orden judicial. Además, anunció que se desarrollarán estándares de retención de datos que definan cuánto tiempo se pueden conservar los datos recopilados como parte de la vigilancia celular, junto con un programa de auditoría complementario.
La medida fue recibida con elogios algo tibios por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que señaló que las 53 agencias policiales que operan en 21 estados y el Distrito de Columbia y que se sabe que poseen dispositivos Stingray todavía no están cubiertas por este requisito de orden judicial.
Cabe destacar que actualmente existe una iniciativa en el Capitolio para aprobar algún tipo de ley que establezca un requisito de orden judicial universal para todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley que utilicen tecnología de rastreo de teléfonos celulares.
¿Es algo que le gustaría que se aprobara? ¿Le molesta o le resulta indiferente el uso de esta tecnología sin autorización judicial?
